ONG advierte sobre riesgo de impunidad en caso de homicidio de adolescente en DIF Nuevo León
Tejiendo Redes Infancia alerta sobre la posible modificación de la medida cautelar para el presunto homicida de Ángel Moreno, un adolescente con discapacidad.
La organización Tejiendo Redes Infancia ha emitido una alerta sobre el riesgo de que se modifique la medida cautelar del presunto homicida de Ángel Moreno, un adolescente con discapacidad que falleció en 2022 en instalaciones del DIF de Nuevo León. La advertencia surge en el contexto de una audiencia reciente en la que se solicitó el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria para Raymundo Francisco N., quien se encuentra en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Nuevo León.
Raymundo Francisco N. era custodio en el albergue DIF Fabriles y está acusado de golpear a Ángel, quien tenía 14 años y no recibió atención médica tras la agresión, lo que resultó en su muerte. La organización ha recordado que este caso llevó a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, que documentó violaciones a derechos humanos por parte del personal del DIF, incluyendo la cremación del cuerpo del adolescente como parte de un intento de encubrimiento.
Tejiendo Redes Infancia ha señalado que la decisión sobre la medida cautelar debe considerar el contexto completo del caso, que involucra a otros funcionarios públicos acusados de homicidio doloso y encubrimiento. La organización ha expresado su preocupación por la impunidad que podría surgir debido a la influencia política de los involucrados y el riesgo de intimidación hacia las víctimas indirectas.
Además, se ha alertado sobre posibles conflictos de interés en el proceso judicial, dado que el juez encargado de decidir sobre la medida cautelar tiene vínculos con el DIF. La organización ha exigido que se escuche a las víctimas indirectas y que se realice una evaluación de riesgos adecuada antes de tomar una decisión sobre el caso.
Tejiendo Redes Infancia ha enfatizado que la muerte de Ángel Moreno no debe ser tratada como un asunto formal, sino que representa una deuda con la niñez institucionalizada y las personas con discapacidad, así como con las familias que han denunciado negligencia y violencia en estos espacios de cuidado.